De desaparecidos y reaparecidos

Domingo 24 de febrero de 2013
por  Hasta encontrarlos
popularidad : 45%

Gerardo Galarza

24/02/2013 00:36

Para que no haya malos entendidos, hay que aclarar desde el principio: el problema no son las cifras. La gravedad del problema no radica en su número. Un solo mexicano —uno en singular— que haya desparecido en México sin dejar rastro es un grave problema del Estado mexicano. La gravedad es mayor si ese mexicano —uno solo— desapareció de manera forzada y mucho más grave aún si en ella participaron miembros del gobierno, en cualquiera de sus niveles y en cualquiera de sus responsabilidades (hay que explicar que la desaparición forzada puede ser responsabilidad de “particulares”, por llamarlos de alguna forma, presuntos criminales). Ningún sistema democrático puede tolerar la desaparición forzada de ninguno —uno solo— de los miembros de su comunidad, ciudadanos o no.

Y si uno es un grave problema, 27 mil son 27 mil graves problemas, según la lógica más elemental. La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes —ambos funcionarios cuya militancia política de origen es el Partido Acción Nacional (PAN)— dijeron el miércoles 20 del presente que en México existen, de acuerdo con las cifras oficiales disponibles en un banco de datos que muy pocos conocen, 27 mil mexicanos desaparecidos, que, es de suponerse, lo son por razones ajenas a su voluntad. Es una cifra escalofriante, según Amnistía Internacional, con un calificativo nunca mejor utilizado.

Como escalofriante es la historia de la familia Moreno Baca, que enfrenta la ausencia de su hijo Alejandro Alfonso, ingeniero empleado de IBM, quien la noche del 27 de enero de 2001 desapareció cuando viajaba en su automóvil en la carretera de Monterrey a Laredo, Texas, con el propósito de pasar sus vacaciones, de acuerdo con un texto de esa auténtica reportera que es mi compañera, Claudia Solera, quien se dedica a cumplir con su obligatoria responsabilidad de informar, por fortuna, en este caso, a los lectores de Excélsior.

De ser cierta la cifra ofrecida por Limón y García Cervantes, pues simplemente hay 27 mil historias equivalentes a la relatada por Solera en las páginas de este periódico; hay 27 mil familias mexicanas o más buscando a un ser querido, recurriendo a las autoridades como lo hacen los Moreno Baca y reclamando el paradero de sus extraviados. Bueno, lo hacen hasta los padres de la joven Renata Álvarez Diez, quien se fue de su casa por un berrinche y apareció en un convento en “retiro espiritual” en Morelia, previa movilización de las autoridades correspondientes, que nos costó a todos los contribuyentes, por cierto.

Pero, como ocurre frecuentemente, las cifras de los funcionarios mexicanos no siempre son confiables. El mismo día de las afirmaciones de la subsecretaria Limón y el subprocurador García Cervantes, la organización Human Rights Watch (HRW), por medio de José Miguel Vivanco, su presidente para las Américas, dio a conocer un informe en el que se documentan 249 desapariciones forzadas de mexicanos, y en 149 participaron miembros de alguna instancia gubernamental mexicana. No está por demás decir que HRW ha construido su prestigio con base en el rigor de sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, aclaró que el número de 27 mil desaparecidos no es una cifra oficial y un día más tarde anunció la creación de una comisión que deberá de rastrear a cada uno de los mexicanos desaparecidos.

Causas de desaparición hay muchas, incluidas las voluntarias. Las más importantes para la vida pública son aquellas en las que algún agente gubernamental, del nivel que sea, tuvo que ver en la desaparición de una persona y también aquellas que en su origen tienen un delito o alguna acción delictiva.

Este es un problema en verdad muy grave para la salud del país, trátese de uno, de 249 o de 27 mil desaparecidos. Si una reportera, sin más recursos que los de su trabajo, ha podido documentar exhaustivamente un caso, el gobierno y sus miembros tienen la ineludible obligación de documentar y resolver todos los casos de desaparición de mexicanos.

Así, la subsecretaria Limón y el subprocurador García Cervantes y, en general, el gobierno de Enrique Peña Nieto tienen la obligación de poner nombres y apellidos a los presuntos 27 mil desaparecidos y las circunstancias de su desaparición. Ellos lo dijeron públicamente y los mexicanos tenemos derecho a esa información, que debe ser veraz, comprobada y comprobable. No es cuestión de cifras; uno, 249 o 27 mil, no importa el número, se trata del derecho a la certeza a la seguridad que tenemos todos los mexicanos. Lo demás será, en el mejor de los casos, demagogia o, algo más grave, una especie de un vulgar ajuste de cuentas político.

CAMBIO DE VÍAS.- Y mientras se habla de desaparecidos, gracias a un rumor magnificado por las llamadas redes sociales y validado por altos funcionarios de los gobiernos de Guatemala (sus ministros del Interior y de Información) y de México (el Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el procurador General), el tristemente célebre —así se decía en las crónicas policiales de antaño— Joaquín El Chapo Guzmán Loera reapareció en las páginas de los diarios y en los espacios informativos electrónicos sin real motivo alguno. Como diría el cantautor —también filósofo, politólogo, comunicólogo y a veces poeta— michoacano avecindado en Ciudad Juárez: “Pero qué necesidad…”



Comentarios

Agenda

<<

2018

 

<<

Enero

 

Hoy

MaMiJuViSDoLu
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
No hay eventos

Estadísticas

Última actualización el

Martes 25 de febrero de 2014

Publicación

1017 Artículos
5 Álbum fotográfico
Ninguna breve
3 Sitios Web
4 Autores

Visitas

2 Hoy
20 ayer
120096 desde el principio
1 visitantes conectados