Denunciarán ante la Coidh cinco desapariciones más durante la guerra sucia

Jueves 31 de enero de 2013
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Gloria Leticia Díaz

27 de septiembre de 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- Abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y familiares de cinco desaparecidos durante la “guerra sucia” de los setenta, presentarán una denuncia contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), por la indolencia gubernamental para investigar dichos casos.

En conferencia de prensa, los denunciantes lamentaron la falta de voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para responder a una demanda interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que anunciaron que llevarán ahora el caso a la Corte para obligar al Estado mexicano a responder, “dónde están los desaparecidos”.

En octubre de 2006, el Centro Prodh, sobrevivientes de la familia Guzmán Cruz y la organización Diego Lucero, acudieron a la CIDH, en Washington, para demandar el esclarecimiento de la desaparición forzada de Jesús Guzmán y sus cuatro hijos Amafer, Venunstiano, Solón y Armando, originarios de Michoacán y detenidos por integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Ejército Mexicano entre 1974 y 1976, sin que se haya vuelto a saber de ellos.
Después de 38 años de buscar a su padre y a sus cuatro hermanos desaparecidos durante la “guerra sucia” de la década de los setenta, los Guzmán Cruz y sus abogados, recibieron copia de la respuesta que del Estado mexicano envió a CIDH, y en la que argumentaba que no procedía la demanda contra México porque los quejosos “no habían agotado los recursos internos”.

Adrián Díaz Hernández, abogado del Centro Prodh, explicó que el pasado 27 de agosto, el gobierno de Felipe Calderón dio respuesta a la comunicación de la CIDH. En un comunicado, el gobierno de Calderón indica que desde 2011 la Secretaría de Gobernación puso en operación un programa de indemnización a los familiares de las víctimas de la “guerra sucia”, y que contaba con 30 millones de pesos. “Es una respuesta vaga e incompleta porque el Estado mexicano no da cuenta de lo fundamental que busca la familia Guzmán, que es justicia y verdad”, dijo el abogado.
Blanca Hernández, dirigente de la Fundación Diego Lucero, sostuvo indignada que “los familiares no van a caer en el juego del gobierno federal”, porque no es dinero lo que buscan, sino saber “qué fue de estas cinco personas”, detenidas en distintas circunstancias y momentos, y que en algunos casos fueron vistos por última vez en el Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México, o en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco”, Guerrero.

La defensora agregó que después de 38 años de búsqueda, la familia quiere llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y que ante instancias internacionales respondan los representantes del Estado, dónde están los desaparecidos.

“Nunca paramos de buscar a mi papá y a mis hermanos, la primera en hacerlo fue mi mamá, Salud Cruz; yo me sumé después cuando salí de la cárcel en 1979, tocamos todas las puertas, fuimos a todas las cárceles, al Campo Militar Número Uno, a las de Acapulco, Islas Marías, Guadalajara, Nayarit y Chihuahua”, relató Abdallán Guzmán Cruz, hermano de los desaparecidos, exmiembro del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), amnistiado durante el gobierno de José López Portillo.

El caso de los Guzmán Cruz está en la lista de los 532 casos de desaparecidos del informe 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y forma parte del mismo número de expedientes abiertos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Cerrada la Femospp los asuntos fueron llevados a la Coordinación General de Investigaciones Especiales. “En esa dependencia se investigan delitos patrimoniales, y de las denuncias presentadas por los desaparecidos hay cero consignaciones y cero detenidos”, recordó el abogado Díaz Hernández.

En la búsqueda, recordó Guzmán Cruz, “exmiembro de la DFS nos dijeron que mis hermanos y mi papá ya no estaban, que los habían tirado desde aviones al mar, que algunos estaban vivos y otros habían sido ejecutados antes de lanzarlos desde el aire; nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad histórica, y que no se vuelvan a repetir esos hechos, buscamos que se legisle para que no haya más desapariciones forzadas en México”.

Díaz Hernández confió en que la CIDH admita el caso, y que se realice un informe de fondo que lleve a la presentación de una demanda ante la Corte.



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