Ocupa Oaxaca tercer lugar nacional en casos de desaparición forzada

Jueves 24 de enero de 2013
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Vie, 31 ago, 2012
Diego Hernández

Oaxaca, Oax.- Oaxaca ocupa el tercer lugar a nivel nacional en concentrar el mayor número de casos por “desaparición forzada”, coinciden activistas, familiares, defensores de derechos humanos y académicos.

Isaac Torres Carmona, coordinador de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, apunta que el delito se ha convertido en práctica habitual desde el poder público.

Y es que en el marco de la conmemoración del “Día Internacional del Detenido-Desaparecido”, considera grave los más de 20 casos registrados en el estado y la impunidad con la que se tratan por parte de las autoridades responsables de investigar.

“No hay castigo, tampoco hay limitantes para quien ejerce el poder en contra de ciudadanos, activistas o defensores de derechos humanos”, expone.

Reitera que falta una legislación adecuada o vigente en el estado, para sancionar la desaparición forzada, la cual se necesita complementar.

Indica que tanto los cuerpos policiacos, civiles o paramilitares, no cumplen con los procedimientos y mecanismos que eviten la violación de derechos humanos en el estado y gran parte del país.

Subraya que con la detención llegan la incomunicación, la tortura y vejaciones a las garantías individuales o la muerte.

Expone que de acuerdo a una estadística de las Organizaciones No Gubernamentales hay cifras cercanas a la veintena de líderes, activistas y defensores de derechos humanos, desaparecidos en Oaxaca.

“No hay respuestas de las autoridades, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), aunado a que hace falta sensibilidad e interés para abordar y tratar el tema”, reitera.

Pone como ejemplo a los estados de Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Chiapas y el Estado de México, como los sitios en donde se han reportado el mayor número de casos.

Práctica añeja en Oaxaca

Para el abogado y académico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Israel Ochoa Lara, la desaparición forzada de personas en Oaxaca no es un hecho reciente, ni aislado, ni mucho menos casual.

Opina que el delito se enmarca dentro de un contexto de acciones de hostigamiento implementado en contra de personas identificadas con la lucha social o la defensa de los intereses de la mayoría.

Recuerda que la época de mayor actividad represiva en la cual se suscitaron diversos casos de desaparición de personas ocurrió a partir de 1996 en el estado, luego de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Reconoce que los desaparecidos, luego de días, semanas o meses, eran presentados por la entonces Policía Judicial del Estado (PJE), pero ya en reclusorios estatales o federales, acusados de diversos delitos del orden federal.

De donde, dice, todavía hay varias personas recluidas en penales del estado, Etla, Ixcotel y Miahuatlán purgando condenas injustas.

Urge sancionar la desaparición forzada en México

En su momento, Nadín Reyes Maldonado expone que desde el Comité de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, buscan erradicar el delito.

Sostiene que al lado de Organizaciones No Gubernamentales se impulsa la aprobación de una ley general, la cual prevenga, sancione y erradique la desaparición forzada de personas en México.

Apunta que la legislación debe contener todas las exigencias de los familiares y organizaciones involucradas en el tema, a fin de contribuir verdaderamente en su erradicación y que no sólo sea una medida paliativa.

Lamenta que hasta el momento no haya respuestas concretas ni de la federación y mucho menos del estado sobre el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, acusados de pertenecer al EPR.

Oportunidad de terminar con las agresiones

Juan Sosa Maldonado, representante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), dice que la conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido es una oportunidad para que las autoridades se reivindiquen con el pueblo.

Es urgente que todos se comprometan a tomar medidas efectivas para terminar con el ciclo de impunidad que perdura frente a la desaparición forzada en México, comenta.

Dice que todos y cada uno de los casos de desaparición forzada deben ser debidamente investigados.

Aunado a que se debe asegurar que los procesos judiciales sean plena competencia de los tribunales civiles, de conformidad con lo establecido recientemente por la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los casos

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde 2007 acusados de pertenecer a la guerrilla.

Diciembre de 2007, desaparece el indígena Lauro Juárez en la zona de Temaxcaltepec.

Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas en la región triqui del estado.

Carlos René Román Salazar, integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desaparece en la ciudad de Oaxaca.



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