Deplora ONU desdén gubernamental en casos de desaparecidos

Jueves 24 de enero de 2013
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Gloria Leticia Díaz
29 de agosto de 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- A veinte años de la declaración del Día Internacional de las Naciones Unidas por las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Javier Hernández Valencia, alertó sobre el “déficit institucional” que prevalece en el país para atender el problema de los desaparecidos y de la pérdida de “confianza en las instituciones”.

En entrevista con Apro, Hernández Valencia reconoció que en el mundo América Latina se distingue por ser la región más violenta e inequitativa del mundo, pero que la violencia en México cobra particular atención de organismos internacionales por “su condición geopolítica y por ser la economía número 14”.

Sin embargo, admitió que el reciente incremento de personas desaparecidas, sea por funcionarios del Estado o por bandas miembros del crimen organizado, tiene como elemento particular en México la falta de atención a las víctimas.

El distintivo de México con respecto de otros países, apuntó el funcionario de la ONU, es “el déficit institucional para documentar investigar, capturar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”, situación que lo mismo se ubica en casos de quienes fueron desparecidos por funcionarios públicos o por miembros del crimen organizado

En marzo de este año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o Involuntarias dio a conocer el informe final de la visita a México, en el que se destaca la deuda histórica de las desapariciones forzadas ocurridas en la guerra sucia, así como la dispersión en las cifras de desapariciones en el contexto actual de violencia, desatada en la guerra contra el narcotráfico.

En el documento de la ONU se hace referencia a las estimaciones que hasta el año pasado hacían organizaciones no gubernamentales, de unas 3 mil desapariciones desde 2006, así como los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 346 denuncias de personas desaparecidas de 2006 a 2007.
Sin embargo, la misma CNDH proporcionó datos que para el Grupo de Trabajo eran importantes considerar: el registro de 8 mil 898 cuerpos sin identificar, y 5 mil 397 personas extraviadas y fallecidas no identificadas.

Hernández Valencia insistió en que en la reciente vertiente de las desapariciones forzadas en México “no es sólo que entró la fuerza pública, pues ha entrado en países en varios países latinoamericanos, donde han provocado desapariciones forzadas, pero aquí lo que se adiciona es que hay una imposibilidad de determinar las cifras, ya no sólo en lo que corresponde a las cifras oficiales atribuibles a la acción de los funcionarios, sino las atribuidas a otros actores”.

Lo que diferencia a México de otros países es que se ha dado lugar a un “movimiento de víctimas que une a todos los sufrientes en una característica básica: que no obtuvieron respuesta del Estado; algunos de ellos no están acusando al Estado de haber sido el perpetrador, sino de la incapacidad, de la escala de los recursos puestos a disposición para atender el problema”.

Por las expresiones de familiares de víctimas que la OACNUDH ha recabado, apuntó Hernández Valencia, “la respuesta del Estado para las víctimas es todavía parcial y desalentadora, las víctimas señalan que parte de esa insatisfacción está afincada en el colapso en el proceso de promulgación de la Ley de Víctimas, pues sienten no se les atendió de verdad”.

Alertó que en el balance final “se desgrana la expectativa y el depósito de confianza en las instituciones, que es el costo social más grave”.

Entre los puntos de atención que ha detectado esta oficina de la ONU destaca la falta de uniformidad en la capacitación de funcionarios para atender a familiares o víctimas del delito a través de Províctima, creada en esta administración.

Ante las exigencias cada vez más fuertes de los familiares de víctimas de desapariciones en México, Hernández Valencia destacó que detrás de ellas hay un llamado a tomar de lleno “el tema de las reformas institucionales profundas para la lucha con la impunidad, para obviamente dar las garantías más plenas de los derechos humanos, que no son clamar por los derechos por los victimarios”.
Por otra parte, desde Ginebra, Suiza, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recordó en un comunicado que este crimen de lesa humanidad “no debe ser justificado, sea utilizado para luchar contra el terrorismo o contra el crimen organizado, o para suprimir demandas legítimas relacionadas con la democracia, la libertad de expresión o la libertad de religión”.

Los expertos del Grupo de Trabajo asentaron que pese a que hace 20 años se promulgó la Declaración contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, la práctica sigue vigente en algunos países “para reprimir individuos y para intimidar a pueblos que luchan por sus derechos”.

Resaltaron la deuda con las familias de personas desaparecidas, y que son miles los casos sin resolver, por lo que los expertos hicieron un llamado a los Estados miembros de la ONU a ratificar la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas para eliminar dicha práctica.



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