Familiares de desaparecidos protestan en Morelia; en este sexenio hubo 133 casos

Dijo que el mayor problema es que en Michoacán no hay una ley que prevenga, sancione y erradique las desapariciones forzadas. "Cuando un familiar va a la Procuraduría de Justicia a presentar la denuncia, no procede por no cumplir con las cualidades de secuestro, menos aún de desaparecido, dado que esta tipología no está contemplada dentro del marco jurídico".
Jueves 12 de julio de 2012
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Violencia en Michoacán

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 295 denuncias; habría 500

Familiares de desaparecidos protestan en Morelia; en este sexenio hubo 133 casos

Ayer en la madrugada llegaron a Cherán los cuerpos de los comuneros Urbano Macías y Guadalupe Gerónimo, los cuales fueron encontrados en el municipio de ZacapuFoto Ignacio Juárez /La Jornada Michoacán

Ernesto Martínez E., Javier Valdez C. y Fernando Camacho
Corresponsales y reportero
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 3

Morelia, Mich., 11 de julio. Familiares de personas desaparecidas exigieron al gobierno de Michoacán mostrar avances en las investigaciones, pues sólo en los últimos seis años suman 133 ausencias en la entidad, sin que se sepa de ellas.

Unos 50 manifestantes, encabezados por la organización civil Hasta Encontrarlos, distribuyeron este mediodía en la plaza Hidalgo del centro histórico de Morelia, volantes y testimonios sobre extraviados.

Cristina Paredes Lachino, hija del activista Francisco Paredes, desaparecido hace tres años, dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 295 denuncias de desapariciones forzadas, aunque hay cifras que hablan de 500.

Dijo que el mayor problema es que en Michoacán no hay una ley que prevenga, sancione y erradique las desapariciones forzadas. "Cuando un familiar va a la Procuraduría de Justicia a presentar la denuncia, no procede por no cumplir con las cualidades de secuestro, menos aún de desaparecido, dado que esta tipología no está contemplada dentro del marco jurídico".

Comentó que con la guerra calderonista contra el narco este delito aumentó. Apenas el pasado 2 de junio desapareció un joven de 16 años, originario de Morelia, y un chico de Apatzingán, quien fue raptado el pasado 22 de mayo cuando buscaba a tres familiares ausentes.

La presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Laura González Martínez, expresó que debe cambiarse la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque hay corrupción, negligencia y vacíos legales.

En ese tenor, Amnistía Internacional (AI) informó que Moisés Orozco Medina desapareció hace mes y medio con la aparente participación de policías locales, en lo que representa un nuevo ataque contra la familia del agricultor originario de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan.

AI detalló que el pasado 22 de mayo la hermana de Moisés recibió un mensaje de teléfono celular, donde él le pide buscar ayuda de la Policía Federal, pues agentes municipales estaban tratando de llevárselo. Desde entonces se desconoce su paradero y las autoridades niegan estar involucradas en su detención.

El organismo internacional enumeró la serie de abusos y agresiones contra la familia Orozco Medina, de 2007 a la fecha, entre ellos la desaparición de su hermano Leonel y su padre, Leonel Orozco Ortiz. Sus tíos paternos Jesús y Gaspar Medina Vargas fueron obligados a entregar a sus secuestradores las escrituras de sus tierras, contratos de ventas y títulos de crédito, como parte del rescate.

En Sinaloa, el grupo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas presentó el Informe de misión a México, donde se dijo que sólo 12 de las 32 entidades federativas tienen tipificado este delito en su legislación, pero muchas no incluyen la participación de perso- nal de las fuerzas de seguridad, policiacas o del Ejército, ni la obligación de encontrar a las víctimas.

El acto se realizó en el Congreso local –en la capital del estado–, con la participación de algunos legisladores y funcionarios estatales, y la ausencia de víctimas de desapariciones y de organismos sociales de defensa de los derechos humanos en Culiacán.



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