Caso Radilla: exige CoIDH explicar incumplimiento de sentencia contra México

Jueves 21 de junio de 2012
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Gloria Leticia Díaz
20 de junio de 2012
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) convocó a representantes del Estado mexicano a explicar los motivos del incumplimiento de la sentencia contra México por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, emitida en noviembre de 2009.

El director del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Octavio Amezcua, informó que el próximo viernes 22, representantes del Estado mexicano comparecerán ante los jueces de la CoIDH en una audiencia privada, en la que también estarán Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (AFADDEM), y abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la CMDPDH, organización que representa a la familia Radilla.

“Desde meses atrás hemos solicitado la audiencia en la CoIDH ante el inexplicable incumplimiento. Entre los temas más graves a tratar está el hecho de que la PGR no sólo nos ha negado a nosotros las copias de la averiguación previa, sino que lo ha hecho a la misma Corte, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el cumplimiento de la sentencia es obligatorio. Realmente es inaudito lo que está pasando”, comentó Amezcua en entrevista con apro.

Otro de los motivos de la exigencia para que el Estado mexicano comparezca, dijo, es que “hay un hermetismo sobre el curso que están llevando las investigaciones para localizar a don Rosendo. No sabemos qué están haciendo y no se nos permite revisar la averiguación para pedir diligencias”.

Amezcua resaltó que la CoIDH ordenó al Estado mexicano que lleve una versión electrónica de la averiguación previa, “porque el proceso de reparación pasa por una investigación efectiva, y eso tiene que ser supervisado por los jueces del tribunal interamericano”.

Los jueces interrogarán a los representantes del Estado mexicano sobre “los obstáculos para reformar el Código de Justicia Militar, y la Corte tiene que saber cuáles son las fallas para, en el futuro, pedir información concreta sobre el proceso de cumplimiento de la sentencia”, manifestó el abogado de la familia Radilla.

En un comunicado, el director de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, resaltó que en la audiencia los representantes de las víctimas denunciarán a la Corte que durante el sexenio que está por terminar, “los poderes Legislativo y Ejecutivo han incumplido su obligación de acotar el fuero militar”.

Gutiérrez Contreras apuntó que han sido constantes los señalamientos de organizaciones que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos, en el sentido de que el Estado mexicano ha tenido una actitud contradictoria.

“Por una parte el Poder Ejecutivo desplegó una campaña de simulación en la que el presidente Felipe Calderón públicamente se comprometía a instruir a las instancias de procuración de justicia para que los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares pasaran al fuero civil, mientras la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) continúa conociendo de dichos casos al tiempo que combatía judicialmente las sentencias que ordenaban acotar el fuero, todo ello a pesar de la importante decisión de la SCJN que se pronunció por una interpretación estricta de los alcances del fuero militar en el asunto Varios 912/2010, relativo al caso Rosendo Radilla”, se lee en el comunicado.

Asimismo, apunta que como lo han manifestado las víctimas en reiteradas ocasiones, “las medidas consistentes en la búsqueda de Rosendo Radilla Pacheco y la sanción a los responsables son las únicas que pueden brindar una verdadera reparación”.

Sostiene que mientras esas dos premisas no sean cumplidas, “las víctimas no podrán cerrar procesos de pérdida, esto con los nefastos efectos que la desaparición forzada produce y que han sido debidamente documentados por esta Corte”.

Para la CMDPDH, “la audiencia será un espacio importante para que las víctimas expongan sus experiencias y sentir en relación al proceso de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana y para que el máximo órgano de justicia del continente en materia de derechos humanos reitere al Estado mexicano la obligación que tiene de cumplir cabalmente sus obligaciones internacionales”.



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