Caso de eperristas desaparecidos será llevado a instancias internacionales: Comisión de Mediación

Cencos
Miércoles 26 de noviembre de 2008
por  Hasta encontrarlos
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La situación es grave. “Cada día que pasa se pone en peligro la vida de los desaparecidos” explica Juan de Dios Hernández Monge, abogado y mediador, ya que cada día de desaparición significa cuando menos actos de tortura psicológica, si no es que física, contra los hombres desaparecidos.

Las desapariciones forzadas presuntamente cometidas por el Estado mexicano contra dos integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), serán llevadas ante la comunidad internacional por la Comisión de Mediación, misma que esta encargada de coordinar los esfuerzos que lleven a la presentación con vida de los dos luchadores sociales.

Esta decisión fue anunciada por los mediadores debido a que “no hay avances sustanciales en cuanto a la presentación con vida” de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, “los casos de presentación con vida de desaparecidos por motivos políticos se han dado en nuestro país sólo por excepción y como resultado de una fuerte presión política tanto interna como externa”, es por ello que ahora buscarán llamar la atención de las representaciones diplomáticas en nuestro país, los corresponsales de medios extranjeros, y de Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México.

Además de esta estrategia, también confían en “tener una reunión de trabajo pública entre el 2 y el 8 de diciembre próximo” con las distintas instancias del gobierno federal coordinadas por la Secretaría de Gobernación, dijo Carlos Montemayor, a nombre de la Comisión, en conferencia de prensa en las instalaciones de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Llegar a concretar estas “mesas simultáneas” con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es la única forma en que la Comisión podría ampliar su investigación en la cual, hasta el momento, sólo se tienen “hipótesis plausibles” de que Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son víctimas de desaparición forzada y por tanto de un crimen de lesa humanidad según se define en el Estatuto de Roma.

Por otra parte, hay una investigación en curso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la que el conjunto de mediadores calificó de “exhaustiva pero lo que nos sorprende es que con esa información formidable, esa investigación meticulosa y muy amplia no hayan emitido todavía una Recomendación. Creemos que si la CNDH emitiera esa Recomendación con base en las investigaciones que ya ha efectuado ayudaría mucho a agilizar las tareas de mediación”. El problema, es que la CNDH anunció desde el 7 de julio de este año que emitiría pronto esa recomendación y a casi seis meses del anuncio, y con año y medio de las desapariciones, ésta aún no se presenta.

La situación es grave. “Cada día que pasa se pone en peligro la vida de los desaparecidos” explica Juan de Dios Hernández Monge, abogado y mediador, ya que cada día de desaparición significa cuando menos actos de tortura psicológica, si no es que física, contra los hombres desaparecidos. Además, el PDPR-EPR ya ha declarado en sus últimos comunicados que “el tiempo se agota”, lo cual es por demás preocupante debido a que esto podría significar el fin de la tregua unilateral que el Ejercito Popular Revolucionario anunció por petición de la Comisión.

Mientras tanto, los mediadores también aclararon que sólo buscarán hacer del conocimiento de la OACNUDH los casos pero que “los familiares van ha hacer la respectiva denuncia en los ámbitos internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias”, ya que son los únicos, en nombre de las víctimas, que pueden interponer una denuncia contra el Estado mexicano en el ámbito internacional.

Además de Montemayor y Hernández Monje, la Comisión de Mediación esta integrada por Gilberto López y Rivas, Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz García, Miguel Ángel Granados Chapa y José Enrique González Ruíz. Desde su inicio, el grupo ya ha hecho contacto con los familiares de los desaparecidos, organizaciones civiles y de derechos humanos, abogados que los asesoran así como con la CNDH y dependencias del estado a nivel federal y estatal; sin embargo, la situación de los integrantes del PDPR-EPR continúa siendo incierta.


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