Estrategia de combate al narco orilló al Ejército a rebasar sus atribuciones: ONU

el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos destacó que el gobierno federal maneja un doble discurso ante los familiares de las víctimas de su guerra contra el crimen organizado. “Esta situación demuestra una vez más la nula voluntad política que existe de parte del Estado mexicano de dar con el paradero de los desaparecidos y castigar a los responsables. El Estado continúa realizando esta práctica de desaparición forzada ya como una política de Estado, con lo que se demuestra el descaro y la burla del gobierno mexicano ante los organismos internacionales al no respetar los convenios y tratados que ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos”.
Domingo 27 de mayo de 2012
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Estrategia de combate al narco orilló al Ejército a rebasar sus atribuciones: ONU
Por Edición Impresa ,27 mayo 2012 6:10 am 0

La Jornada Michoacán

Antonio Aguilera

La estrategia de combate al crimen organizado, impulsada por Felipe Calderón desde el inicio de su sexenio, al carecer de un sólido trabajo de inteligencia y poner el acento sólo en el uso de la fuerza, orilló a las fuerzas castrenses a exceder sus atribuciones y en algunos casos a emprender acciones extrajudiciales.

De acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los militares realizan actividades que les corresponden a las autoridades civiles y a las instancias de procuración de justicia, además de que carecen de una normatividad que regule y vigile su actuación.

Asimismo, el Estado mexicano en su conjunto “trata de evadir su responsabilidad y hasta su participación directa” de las desapariciones forzadas que se han presentado en el actual sexenio, inculpando “al crimen organizado de los casos”, considera el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; “el gobierno de Felipe Calderón y los gobernadores del país buscan encubrir los crímenes de Estado que cometen utilizando invariablemente al Ejército o la Policía Federal”, señala.

El 11 de diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón decidió sacar a los militares y a los marinos de sus cuarteles para encabezar labores de seguridad pública. El día del anuncio de lo que se llamó entonces “la Operación Conjunta Michoacán”, se decidió enviar al estado hasta 6 mil 500 militares. Dicho operativo comenzó a reproducirse en todas las entidades federativas. Desde entonces –señala el informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias– “las fuerzas armadas no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes (como lo establece la Constitución y los criterios de la SCJN), sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles”.

El informe detalla que al asumir esas atribuciones que no se encuentran en los marcos legales regulatorios del accionar del Ejército Mexicano, se han implementado operaciones en donde la presencia de las fuerzas militares “se ha extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad. El grupo de trabajo (de la ONU) recibió alegaciones acerca de casos en los que personal militar habría interrogado a personas detenidas y de casos en los que se habría utilizado tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La tónica de militarizar las funciones de seguridad pública en el país ha llevado a los gobiernos estatales a incorporar a elementos castrenses como titulares de las policías estatales (en seis entidades del país) o asumir en pleno el mando como titulares de las secretarías de Seguridad Pública estatal (en 14 estados).

Por ello, y ante las diferencias de estrategia y de entrenamiento del Ejército con la policía, el informe destaca que “las operaciones de los militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados por autoridades civiles”; sin embargo, “los cuerpos policiacos dirigidos por militares no están bajo ninguna supervisión”.

Derivado de ello, la ONU reporta que el número de quejas recibidas por la CNDH relacionadas con el actuar de los elementos de la Sedena aumentó de 182 en el 2006 a mil 415 en el 2010. En este periodo la CNDH ha emitido más de 60 recomendaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. “El grupo de trabajo recibió información respecto a elementos del Ejército y otras fuerzas de seguridad que habrían estado involucradas en desapariciones forzadas por cortos periodos de tiempo. Supuestamente no se habría reconocido la detención y sólo después de varios días se habría presentado a la persona detenida ante las autoridades civiles”.

Un elemento que agrava la situación es que el Grupo de Trabajo de la ONU “no recibió información relacionada con la existencia e implementación de mecanismos de supervisión del uso de la fuerza por elementos policiales y militares”, enfatiza y destaca que sólo la policía del Distrito Federal tiene un marco legal regulatorio relacionado con el uso de la fuerza, pero que el resto de las fuerzas de seguridad federales y locales carecen de una normativa específica. “El gobierno (de Felipe Calderón) informó que la Sedena cuenta con lineamientos sobre el uso de la fuerza acordes con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad”.

Ante estas lagunas legales, el tema de las desapariciones forzadas en México ya despertaron todos los indicadores de alerta a nivel internacional, y la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha considerado que si bien un elevado número de secuestros, levantones y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado, “no en todos los casos los grupos criminales han actuado de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país. El grupo de trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció que de las 643 personas que han desaparecido en el último año y medio, en varios casos podría haber responsabilidad de fuerzas de seguridad. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos detalló que 128 personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y los policías estatales y municipales, de las cuales nada se sabe.

Ante la gravedad del problema, el grupo de trabajo de la ONU recomienda adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza del Ejército Mexicano y todas las corporaciones policiacas; que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública para prevenir e investigar la desaparición forzada de personas y pide que se garantice la completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas durante las operaciones en el cumplimiento de la ley.

Frente a este escenario, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos destacó que el gobierno federal maneja un doble discurso ante los familiares de las víctimas de su guerra contra el crimen organizado. “Esta situación demuestra una vez más la nula voluntad política que existe de parte del Estado mexicano de dar con el paradero de los desaparecidos y castigar a los responsables. El Estado continúa realizando esta práctica de desaparición forzada ya como una política de Estado, con lo que se demuestra el descaro y la burla del gobierno mexicano ante los organismos internacionales al no respetar los convenios y tratados que ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos”.



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