La desaparición forzada, cuando se entrega silencio

Hoy con algo más de 20 años de democracia instalada en el continente los casos de desaparición forzada de personas están lejos de haber cesado. Por el contrario, datos actuales en Colombia, Perú, Guatemala y México establecen la permanencia de este delito caracterizado por la participación –tanto activa como pasiva- del Estado.
Lunes 7 de noviembre de 2011
por  Hasta encontrarlos
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Natalia Vargas
Publicado el 31 Oct, 2011

“Cómo quieres que cuente mi historia, si tu gobierno ni siquiera reconoce que existo”

La desaparición forzada de personas aparece como método de exterminio en la década de los 40 en todos aquellos territorios que los Nazis habían ocupado. El principal objetivo de esta fórmula era precisamente hacer desaparecer judíos, gitanos y homosexuales con el fin de imponer un ambiente de indefensión y terror dentro de la Alemania Nazi. No sólo se hacía desaparecer personas, sino que se negaba información con respecto a su paradero a sus familiares, prácticamente negando su existencia y aquellos ritos propios de su religión. En América Latina, la desaparición forzada tuvo su auge con los gobiernos autoritarios, siendo la dimensión política uno de los agregados que el continente otorgó a este método estatal, esto pues se utilizaba con el fin de establecer escarmiento a quienes no pensaban igual a los regímenes, siendo víctima de esto dirigentes sociales, pobladores y militantes.

Hoy con algo más de 20 años de democracia instalada en el continente los casos de desaparición forzada de personas están lejos de haber cesado. Por el contrario, datos actuales en Colombia [1], Perú [2], Guatemala y México –sólo por contar los más emblemáticos- establecen la permanencia de este delito caracterizado por la participación –tanto activa como pasiva- del Estado. De la misma manera, países como Brasil o Argentina no tienen datos precisos sobre la desaparición de personas sucedidos en el último tiempo. Y es que, si bien en primera instancia la Desaparición Forzada en nuestro continente era construida como mecanismo de persecución política, hoy en día muestra rasgos de carácter discriminatorio siendo utilizado como sistema de limpieza social.

En efecto, la investigación del Caso de Jorge Matute Johns [3] nos reveló un poco de lo que sucede en nuestro país. No porque el mismo Jorge Matute haya sido víctima de desaparición forzada, sino por los hallazgos de restos humanos de al menos 10 personas que nunca fueron reclamados, esto sólo en la región del Biobío.

Suspendidos entre la Vida y la muerte

La desaparición Forzada –o secuestro permanente según construcción legal de nuestro país- se diferencia de un secuestro común principalmente en su objetivo final. De esta manera la desaparición forzada está estrechamente ligada a la participación estatal –tanto por acción u omisión- dentro de estos casos; una persona es sustraída por un agente estatal o cualquier agente externo que tenga protección del estado. Esta sustracción está seguida por la negación de información sobre el paradero, destino, razón o estado de la persona detenida de manera que al ser negada aquella información, la persona detenida desaparecida pasa a estar fuera de la protección de la ley [4]. De esta manera, mientras un secuestro tiene como fin último, comúnmente, lograr algún beneficio económico para causas ajenas a la persona detenida en específico, en la Desaparición Forzada el fin último es deshumanizar a la víctima, negando su existencia para sacarla de la protección de la sociedad donde pueda recibir la protección de la ley [5]. Esto no sólo sucede con personas que han sido detenidas sin algún tipo de marco legal vigente, muchos son los casos –ligados principalmente a deficiencias del sistema judicial de los distintos países- donde si bien las detenciones, en primera instancias, estaban bajo cierto marco jurídico, la inexistencia de garantías mínimas de un debido proceso no se cumplen teniendo como primer síntoma de ello la inexistencia de información sobre el detenido.

Según Amnistía Internacional, esta privación de información- que considera tanto el estado de los detenidos desaparecidos, las causas de su privación de libertad como el destino final de los restos de quienes fueran asesinados- viola distintos derechos como el de libertad, libre tránsito, derecho a un juicio justo, a reclusión con condiciones mínimas de dignidad entre otros. Sin embargo, el no reconocimiento de la existencia de la víctima hace que llevar a cabo procesos de reubicación o de búsqueda información pertinente de las víctimas y su paradero se haga mucho más difícil.

Sumado a lo anterior, el impacto de esta situación no sólo es a nivel legal –por los problemas en términos de sucesiones efectivas, reparto de propiedades y pensiones que provoca la desinformación del paradero de una personas- sino que además se suma el impacto moral de los familiares de las víctimas y la construcción de una historia en común que esto conlleva. La desaparición de las víctimas las priva de los rituales propios de su cultura que no sólo sirven para rendir homenaje a quienes ya no están sino que ayudan a sus familiares y conocidos a hacer más llevadero el hecho de su muerte. Pero lo que les sucedió, cómo fueron sus últimos momentos y dónde están son datos que no son entregados –puesto que la naturaleza misma del delito necesita de dichos vacíos de información para mantener la actuación impune de quienes se encuentren involucrados- se mantendrán intactos hasta la entrega de dichos datos. Las víctimas, como reminiscencias constantes en la mente de sus conocidos, sin estar vivas, no están muertas puesto que muchos creen que en realidad, nunca existieron.

Esta inexistencia se vuelve más cruda con aquellos casos llamados de limpieza social. En este caso, la desaparición forzada pasa inadvertida, puesto que no existen cercanos que extrañen a quienes han sido desaparecidos. Esto se ve aumentado por la poca –o nula- importancia otorgada por las autoridades a estos casos pues los indigentes, las prostitutas, los niños vagabundos o drogadictos son vistos como los indeseables de la sociedad y no hay una visión negativa contra quienes atacan a este sector social [6]. Esto ha provocado que durante la última década los ataques contra los sectores vulnerables hayan aumentado sin siquiera haber aumentado la tasa de impunidad de quienes cometen este delito; del total el 100% de estos casos no tienen condena alguna, ni culpables ni procesos de acusación. La sociedad, por lo tanto, olvida a los olvidados negándoles el derecho mínimo como seres humanos; su existencia como tal.

Desafíos para la actualidad

Latinoamérica no ha avanzado ante este delito. Por el contrario, la tasa de Levantones [7] en México [8] ha aumentado a niveles nunca antes vistos, principalmente por los problemas de tráfico de drogas que ha vivido el país. En Colombia, algunos datos apuntan al avance de esta realidad teniendo una tasa tan alta en dos años del gobierno de Uribe, como en los tres gobiernos anteriores al de Uribe (Cjlibertad.org), llegando a un total de más de 11.000 personas desaparecidas o asesinadas por temas políticos entre el 2002 y el 2006. En estos casos, la presencia de las FARC, los grupos paramilitares privados y las investigaciones de las cuales está siendo parte el ex presidente son las principales responsables de todas estas desapariciones. Perú, por su parte, mantiene en la actualidad cerca de 320 casos contra los derechos humanos entre los cuales se cuentan casos de desaparición forzada. Desde 1983 hasta 1996 dicho país cuenta con 7.248 casos de desapariciones forzadas y 514 ejecuciones extrajudiciales [9] donde la mayoría no han sido investigadas.

En el caso de Guatemala, el conflicto armado interno hasta 1996 dejó muchas desapariciones. El 12 de octubre de este año se detuvo a José Rodríguez Sánchez, militar involucrado en matanzas a comunidades indígenas y pueblos completos en el país. Hasta hoy en día se hacen trabajos de reconocimiento de cuerpos a causa de este delito, muchos de los cuales no han sido impugnados ante tribunales [10].

Tanto en Brasil como Argentina, los juicios por desaparición forzada en época de dictadura han estado avanzando, si bien lentamente, al menos a ritmo contante. Ambos países durante el 2011 han estado abriendo camino con respecto a la investigación de los sucesos en época de dictadura cambiando las leyes de amnistía e reiniciando medidas de investigación con respecto a los casos sin resolver. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en términos de la limpieza social y los delitos contra gente de la calle y los más desposeídos.

Chile por su parte, aun no tiene sentencia por el delito de “Desaparición Forzada”. En nuestro país, es el delito de secuestro permanente lo que se utiliza como mecanismo judicial para dar curso a la investigación y saber qué es lo que pasó con aquellos que no están.

Como continente, debemos comenzar a generar una tradición de Derechos Humanos rescatando desde las memorias de pasado aquellos sucesos que no han podido ser esclarecedores hasta hoy. Hacerlo no sólo aliviaría la pérdida de las familias sino que entregaría al actual proceder de las autoridades una hoja de ruta que sea capaz de soslayar aquellas falencias que nuestros sistemas judiciales y nuestra construcción institucional padecen. Esto tiene una importancia crucial no sólo por el relato histórico que significa rescatar la historia de quienes no son reconocidos, sino por la situación actual de quienes son más susceptibles a este tipo de delitos: las clases más desposeídas. Todos por igual –sin importar ideología o cuántos ceros se tienen en el banco- tenemos derechos básicos que deben ser reconocidos por la institucionalidad imperante, uno de los cuales es el reconocimiento a la existencia y el derecho a que la historia que dicha existencia conlleva, el cual debe ser protegido y no extinto en una desaparición de la cual lo único que se entrega es: silencio.

Notas al pie:

* [1] Desaparición Forzada en Colombia Noticia reporte de la ONU (Noticias.terra.com.pe)
* [2] Organización de Derechos Humanos (Derechos.org)
* [3]Especial de prensa Emol (Emol.com)
* [4] Delito de Desaparición Forzada de personas en (Teleley.com); Amnistía Internacional (Amnesty.org)
* [5] Discusión sobre la legislación interna en México, 1999 (Eltiempo.com)
* [6] Datos informe Colombia 1997 sobre “Limpieza Social” (Derechos.org)
* [7] Noticia sobre Desapariciones forzadas (Eluniversal.com.mx)
* [8] Informa sobre Desaparición Forzada en México 2011 (Comitecerezo.org)
* [9] Relato de la Defensoría Ciudadana (Derechos.org)
* [10] Informe de la FAFG (Fafg.org)



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