En el 35 aniversario de los mártires de la democracia: desapariciones forzadas ¡Nunca más!

Julio Pimentel Ramírez / Cambio de Michoacán
Lunes 27 de julio de 2009
por  Desaparecidos
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Este 24 de julio recordamos el 35 aniversario de la detención-desaparición en Michoacán de José de Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz; José Luis Flores Guzmán, Doroteo Santiago Ramírez y Rafael Chávez Rosas (algunos de ellos militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria, otros simplemente familiares), acción ejecutada por fuerzas policiacas y militares, aseveración sustentada en testigos de los hechos y que hoy puede ser respaldada documentalmente, a pesar de que los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional continúan cerrados al escrutinio público.

Durante estos largos años, enfrentando diversos obstáculos, los familiares-víctimas y organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos han mantenido en alto la demanda de verdad y justicia en cuanto a los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano durante la llamada “guerra sucia” de los años 60 a 80.

La verdad como un principio reivindicatorio al que tienen derecho la sociedad en su conjunto y los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por los cuerpos represivos -policiacos, militares y paramilitares- y los funcionarios que los ordenaron y consintieron.

Verdad que se ha venido abriendo paso a través de una larga lucha, en la que se han tenido que superar múltiples escollos interpuestos no solamente por las siete administraciones federales que han gobernado al país durante más de 30 años, sino también por otras esferas del poder estatal, incluidos el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sin olvidar el aislamiento informativo por parte de gran parte de los medios de comunicación y por la indiferencia o complicidad de grupos de poder.

Recordemos que en décadas anteriores, la sistemática represión de Estado hacia los movimientos sociales y políticos de oposición se agudizó en contra de quienes, ante la cancelación de la vía democrática de transformación social, optaron por la lucha armada revolucionaria. Pero la persecución, el hostigamiento, el acoso, la detención ilegal, la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada no solamente se aplicaron contra los militantes de las organizaciones armadas sino que las fuerzas policiacas y militares las hicieron extensivas contra familiares y las personas que consideraban como su base social.

Un caso que ejemplifica el patrón sistemático de la represión instrumentada por el Estado mexicano en aquellos años de una época que no termina por cerrar ese círculo ominoso y que dejó un saldo de cientos de personas aprehendidas injustamente y torturadas, decenas de ejecuciones extrajudiciales y más de mil 200 desapariciones forzadas, es el de la familia Guzmán Cruz.

En los operativos represivos del Ejército y las policías federales, estatales y municipales que eran coordinadas por la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad (DFS), se arrestaba tanto a militantes de las organizaciones político-militares que se oponían al régimen autoritario priísta como a familiares y personas sospechosas de ayudar a los “subversivos”.

Los detenidos eran sometidos a torturas físicas y psicológicas, algunos perecían en los interrogatorios, otros eran ejecutados extrajudicialmente casi de inmediato; unos más eran llevados a prisión, en la que sufrían recurrentes tratos degradantes y sometidos en los tribunales a procesos judiciales sin las garantías constitucionales.

En tanto otros muchos (más de 600 solamente en Guerrero), entre los que se encuentran Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz; José Luis Flores Guzmán, Doroteo Santiago Ramírez y Rafael Chávez Rosas, después de ser detenidos fueron desaparecidos, padeciendo uno de los delitos de lesa humanidad más aberrantes pues además de que se les violan múltiples derechos humanos y legales, sus familiares son convertidos en víctimas y es agraviada la sociedad en su conjunto.

Los esfuerzos para conservar la memoria histórica y para que se establezca con claridad para todos que los compañeros caídos no fueron delincuentes ni jóvenes extraviados sino luchadores sociales y revolucionarios que luchaban por una sociedad verdaderamente justa, han dado ya algunos frutos, entre los que destaca el hecho de que el cabildo del Ayuntamiento de Zacapu en sesión del 16 de este mes, declaró el 24 de julio como el Día de los Mártires de la Democracia, en homenaje a quienes brindaron su vida en aras de un México con verdadera democracia y justicia social.

Por otra parte, cabe subrayar que la justicia sigue pendiente, la impunidad sigue imperando en esta sufrida nación. Al tiempo que rememoramos estos hechos, relativamente lejanos en el calendario pero vigentes por sus connotaciones, suceden acontecimientos que parecen congelar el tiempo y ponen ante nuestros ojos la realidad del sistema político imperante y las limitaciones del proceso de transición que analistas aseguran transitamos.

Desde una perspectiva de análisis, el hilo conductor que explica la continuidad de la represión en contra de los movimientos sociales a lo largo de la historia nacional es la persistencia de la impunidad: los funcionarios asaltantes del erario público son “castigados” ascendiendo de puesto; a los delincuentes de cuello blanco, entre ellos los beneficiarios del Fobaproa, se les piden disculpas para que sigan gozando del dinero mal habido; a los responsables intelectuales y materiales de delitos de lesa humanidad (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, genocidio), cometidos en contra de cientos de mexicanos durante la llamada “guerra sucia”, cuyos métodos resurgen peligrosamente, se les encubre y libera de toda culpa.

La exigencia de presentación con vida de más de mil 200 personas desaparecidas durante las décadas de los 60 a 80, que durante muchos años han enarbolado familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos, tiene connotaciones tanto de búsqueda de la verdad, como de reivindicación de los luchadores sociales, de castigo a los responsables de esos aberrantes crímenes, de reparación integral del daño a los familiares y víctimas, de establecimiento de medidas de no repetición.

Así, esta lucha a la que se califica equívocamente como referente a movimientos sociales y políticos del pasado, es una reivindicación del presente tanto por el hecho de que la desaparición forzada es un delito permanente que no prescribe, como por la lamentable persistencia de los mecanismos represivos utilizados por el Estado en contra de la protesta social.

La gravedad del asunto es que, con hechos como la desaparición forzada del luchador social y defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz y de los militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, entre otros, se hace evidente el inicio de una nueva guerra sucia, pero con las mismas tácticas de entonces: persecución, tortura y desaparición de disidentes políticos, una práctica ilegal que el PAN viene a repetir como gobierno, al igual que lo hizo el PRI durante décadas.

Cambio de Michoacán


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