Semana Internacional del Detenido Desaparecido

Julio Pimentel Ramírez / PorEsto!
Martes 26 de mayo de 2009
por  Desaparecidos
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México, después de cinco administraciones neoliberales, incluida la actual surgida del fraude del 2006, se encuentra inmerso en una profunda crisis de carácter integral. Por eso se habla un día de “crisis de la seguridad pública” y otro de “crisis económica”, para seguir en cadena las crisis “de los energéticos”, “de la educación”, “de los partidos políticos”, “alimentaria”, “sanitaria”, de “turismo” y en esa vorágine de acontecimientos se encuentra siempre presente la “crisis en derechos humanos”, en un país conocido por las injusticias y la impunidad como signo distintivo.

Desde 1981 en varios Continentes y en particular en América Latina, durante la última semana de mayo se lleva a cabo una jornada por la presentación con vida de decenas de miles de personas detenidas desaparecidas por diversos Estados nacionales de 1960 al 2000, en el marco de políticas represivas instrumentadas lo mismo por dictaduras militares de derecha que por gobiernos formalmente democráticos, como México, bajo la coordinación del imperio estadounidense.

Cabe subrayar que dicho periodo histórico aún no se cierra pues si bien en países como Argentina, Chile y Uruguay, entre otros, se avanza con dificultades en el complejo proceso de transición democrática, en general sigue pendiente la verdad y la justicia, persiste la impunidad y se reproducen prácticas autoritarias y represivas en muchas latitudes, como es el caso de México en el que los gobiernos panistas de la “alternancia” tienen la responsabilidad directa de la desaparición forzada de un número creciente de personas.

Al lado de familiares de más de mil 300 detenidos desaparecidos durante la llamada “guerra sucia”, reiteramos la demanda de su presentación con vida y de castigo a los responsables intelectuales y materiales de este delito de lesa humanidad, al tiempo que se reivindique la memoria histórica de los caídos en la lucha por una verdadera transformación social y se sienten las bases para evitar que en México persistan esta y otras aberrantes prácticas represivas.

Conscientes de que un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos errores destacamos la labor incansable de quienes no cejan en la búsqueda de la verdad y la justicia. Muchas madres han muerto sin conocer el paradero de sus hijos, pero con la conciencia tranquila por haber luchado incansablemente por su presentación y porque otros continuarán sus esfuerzos.

Recordamos que en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 2002, familiares, la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” presentaron ante la ya extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la denuncia de la desaparición en 1974 de José de Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz.

Insistimos, como lo hemos hecho en las páginas de POR ESTO! desde hace varios años: la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad y por ende de carácter imprescriptible, para el que no hay amnistía posible, es una aberrante práctica a la que en diversas regiones del planeta ha recurrido el Estado en su intento por sofocar o eliminar a la oposición social y política que demanda cambios en las políticas públicas que excluyen a la mayor parte de la población del desarrollo y de la participación democrática en la toma de decisiones.

El 25 de este mes se cumplen dos años de la detención desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), lapso durante el cual se pasó de acciones violentas de la organización guerrillera a una tregua en la que se instaló una comisión mediadora, conformada por connotadas personalidades, que ante la falta de voluntad política del gobierno calderonista por investigar el caso se autodisolvió y está en espera de la respuesta eperrista.

En un país medianamente democrático no se requeriría de presiones e instancias especiales para resolver problemas graves de violaciones a los derechos humanos. El Estado debe de responder a las demandas de los familiares de las víctimas y no persistir en prácticas que han dejado en el país miles de personas afectadas, que durante muchos años han peregrinado incansablemente exigiendo justicia en medio de indiferencia, hostigamiento y persecución de los encargados de procurarla e impartirla.

Por otro lado, el 26 de este mismo mes se cumplen veinte meses de la desaparición forzada de Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos y luchador social michoacano, día en el que coincidentemente cumple años ahora apartado de sus seres queridos por esas fuerza represivas del Estado que se resisten a dejar atrás viejas prácticas autoritarias, antidemocráticas y violatorias tanto de los derechos humanos como de las leyes establecidas.

No se puede dejar de anotar que, entre otros casos de desaparición forzada de personas por motivos políticos, se encuentra el de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, perpetrado el 5 de julio del 2007 en Oaxaca; así como la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixteco (OFPM) acaecido en febrero del presente año, el cual es un ejemplo más de la impunidad con que el gobierno mexicano responde a la labor comprometida de los defensores de los derechos humanos.


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