Eperristas desaparecidos: dos años de justificaciones

Pedro matías / Proceso
Lunes 25 de mayo de 2009
por  Desaparecidos
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OAXACA, Oax., 25 de mayo (apro).- Nadín Reyes Maldonado aún mantiene la esperanza de que su padre Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, se encuentren vivos y que el gobierno los mantenga cautivos en alguna de las cárceles clandestinas que existen en la entidad y en el resto del país.

A dos años de la desaparición de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la joven activista denuncia que el gobierno se ha encargado de trabar el caso en el terreno jurídico, político y de derechos humanos, en contravención con tratados internacionales en la materia signados por el Estado mexicano.

En entrevista, asegura que al gobierno no parece importarle la advertencia del EPR de poner fin a la tregua y reiniciar hostilidades para exigir la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos.

El pasado 10 de mayo, en un comunicado, el grupo insurgente, inquiere: "Ulises (Ruiz) ¿Dónde están nuestros compañeros?", al tiempo que advierte que lleva a cabo una consulta sobre el caso.

Nadín Reyes considera que el gobierno de Felipe Calderón y el del priista Ulises Ruiz Ortiz se han dedicado a obstaculizar las indagatorias, a faltar a la verdad, a enredar las pesquisas, a contradecir sus dichos y, en el peor de los casos, su actitud evidencia que "ya hay testigos y eslabones muertos".

Ejemplifica con los casos del entonces director de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, ejecutado el 30 de enero de 2008, y el del coordinador de Seguridad Pública Municipal, Aristeo López Martínez, ejecutado el pasado 23 enero, así como la desaparición del comandante de la Policía Ministerial, Jonás Gutiérrez Corro, ocurrida el 24 de octubre de 2007.

Sin embargo, lo que vino a dar la puntilla a la postura oficial, que alega que no tiene en su poder a los dos eperristas, fue la recomendación 007/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que sostiene que hay suficientes elementos para suponer la existencia de un caso de desaparición forzada en la que participaron elementos estatales y federales, civiles y militares, pero sobre todo deja abierta la posibilidad de que aún estén con vida ambos activistas.

— ¿Qué te hace suponer que están vivos? –pregunta Apro a Nadín.

La hija de Edmundo Reyes responde que de la información que maneja la CNDH en su recomendación se desprenden indicios de que están vivos.

Además, dice que, al analizar el caso con integrantes de la Comisión de Mediación coincidieron en que "al Estado mexicano le conviene mantenerlos vivos, por el tipo de información que les pudieran sacar en algún momento".

Agrega:

"No hay indicios de que estén muertos, pues no hay evidencias, no se ha encontrado ningún cuerpo ni se nos ha requerido en ningún momento; ni en hospitales ni en los servicios médicos forenses, entonces, de alguna manera creemos que pueden estar vivos.

"Creo que sí les sirven al Estado vivos. Lo que sí es han de estar sometidos a todo tipo de tortura física y psicológica para así obtener mayor información".

Sin embargo, cuando todos suponían que se avizoraba una solución —luego de la recomendación de la CNDH y la aceptación del formato de interlocución entre el gobierno federal y la Comisión de Medicación—, el problema se complicó.

El gobierno federal aceptó con reservas la recomendación, mientras que el gobernador Ulises Ruiz y el alcalde de Oaxaca de plano rechazaron en su totalidad el documento de la CNDH y la Secretaría de Gobernación optó por darle largas a la Comisión de Medicación a tal grado que ésta optó por su desintegración.

Nadín Reyes, también representante del Comité de Familiares de Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", lamenta que, a pesar que hay una recomendación en donde se tienen todos los elementos para ver que efectivamente se trata de una verdadera desaparición forzada, aún no se tengan resultados.

Sin embargo, destaca la labor de la Comisión de Mediación, pues gracias a la presión que ejercieron sus integrantes, se alcanzó esa recomendación.

Recuerda que la aceptación del gobierno federal al formato de interlocución con la Comisión de Mediación; la liberación de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de pertenecer al EPR, y la emisión de la recomendación de la CNDH se dio precisamente en el marco del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos que llevó a cabo la Organización de Naciones Unidas (ONU) en febrero pasado en Ginebra, Suiza.

Ahí, el Estado mexicano aceptó 83 recomendaciones y ocho más se llevaron a consultas, entre ellas la preocupación que existe por la desaparición forzada.

Hostigamiento

Esas ocho recomendaciones se deberán reafirmar o rechazar el próximo 11 de junio, precisó la abogada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya.

Ante esa situación, agregó, el área jurídica de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) llevará el caso a instancias internacionales.

"Consideramos que dos años han sido suficientes para que hubieran arrojado alguna investigación seria para saber lo que pasó como la desaparición de sus familiares, en dónde los tienen o por lo menos que permitieran ver que efectivamente se realizan las investigaciones, ya que no se les ha permitido conocer el expediente".

Nadín Reyes aclara: "Ya fue suficiente lo que ellos pudieron haber hecho y no hay nada; al contrario, el gobierno se ha dedicado a hostigar a la familia de Margarita Cruz como a mi familia, así como a otras personas que ellos creen que pueden estar ligados con el EPR".

Considera que a lo mejor "ellos (los del gobierno) esperan ver cuál es la respuesta del EPR y, en consecuencia, ver qué otro tipo de información le puedan sacar a ellos, lo que nos hace suponer que están vivos".

— ¿Qué pasaría si el EPR acciona violentamente?

"Si el EPR acciona –considera—, contra quienes va a ir (el gobierno) es contra los familiares, que hemos estado exigiendo su presentación con vida, pero también existe el temor por ellos (Edmundo y Gabriel), pues suponemos que están vivos y, con ese accionar, puede ser más presión y puede que el gobierno decida presentarlos o eliminarlos definitivamente".

Y aunque el EPR respetó la tregua, añada, no hubo ningún tipo de avance por la falta de voluntad política de parte del gobierno, entonces "la responsabilidad va a estar en ellos si el EPR decide accionar violentamente, o de cualquier situación que se desencadene".

Tampoco descarta que "el Estado esté invitando a que el EPR se desespere y actúe para que pueda tener la justificación para volver atacar y volver a reprimir a más personas que considera pueden estar ligadas a ellos, incluyendo a opositores".

En cuanto a las ejecuciones de los comandantes estatales y de la desaparición de otro policía, considera que "no son hechos aislados, entonces para nosotros se está tratando de borrar toda evidencia que los llevara al esclarecimiento de la desaparición de los familiares.

"Aristeo López, Alejandro Barrita y Jonas Corro eran personajes clave para dar con los demás responsables de la desaparición, pero no son los únicos, aunque con sus muertes todo ha quedo trunco, se llevaron todo a la tumba", sostiene.


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