Informe presentado al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en Guerrero

Por el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Lunes 28 de marzo de 2011
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Informe presentado al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, durante su visita al Estado de Guerrero, México, el 27 de marzo del 2011

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1.- Presentación

Este documento trata de la situación de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, especialmente en lo que se refiere a la desaparición forzada o involuntaria de personas en la época reciente, del año 2005 al 2011; hace un recuento de algunos de los casos de que ha tenido conocimiento y documentado nuestro Comité, expone nuestra caracterización del problema, las demandas que hemos hecho al Gobierno del Estado de Guerrero y sugiere algunos temas sobre los cuales el Grupo de Trabajo pudiera intervenir ante los gobiernos municipales, estatal y federal.

2.- ¿Quienes somos?

Hace cuatro años, en un ambiente de violencia y violación de derechos humanos creciente, los familiares y amigos del arquitecto y promotor social Jorge Gabriel Cerón Silva, desaparecido el 14 de marzo del 2007, desalentados por la negligencia y actitud sospechosa de las autoridades al no darle atención adecuada al caso que denunciamos oportunamente, decidimos formar un Comité para exigir su presentación con vida. Al conocer nuestra iniciativa, el dolor, la desesperanza y el anhelo de justicia, motivó que las familias y amigos de otras personas afectadas por desaparición, secuestro o asesinato, se acercaran e integraran con nosotros el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Sostenemos que nuestros familiares no tenían alguna actividad ilícita ni vínculos con la delincuencia, por lo que siendo personas con una vida sencilla como la mayoría de los mexicanos, fueron afectados en su integridad física y moral, en su libertad o en su vida y con ello se ha afectado la vida y la tranquilidad de todos nosotros como familiares y amigos cercanos, pues su ausencia duele, ha dejado vacíos irreparables como hijos, hermanos o padres y en muchos casos nos han dejado en la penuria pues algunos de ellos eran el sostén de nuestros hogares. Pero el problema ha tomado tal dimensión que ya es también un problema social.

Tenemos ya cuatro años exigiendo justicia y solo hemos recibido indiferencia y silencio por parte de los gobiernos, además de amenazas, criminalización y represión, lo que nos hace pensar que amparados en la impunidad, esconden la verdad y protegen a los culpables.

3.- ¿Cuál es nuestro problema?

Al lacerante problema social de la desaparición forzada que dejó la llamada Guerra Sucia de los años setentas con más de mil doscientos desaparecidos, la mayoría de ellos nativos del Estado de Guerrero, ahora se agrega un nuevo fenómeno que hasta donde sabemos, no tiene antecedentes en el Estado de Guerrero, ni en el país. Se trata de la desaparición de ciudadanos guerrerenses que sin tener antecedentes penales ni actividades ilícitas probadas y sí una forma honesta de vivir, por alguna razón se han visto afectados en sus derechos fundamentales, específicamente, la vida y la libertad, donde el denominador común es que las víctimas fueron interceptadas por hombres con gorras y vestidos de negro, con armas largas y que se transportaban en camionetas de modelos recientes, sin placas, con vidrios polarizados. En otros casos, la única diferencia es que los agresores han ido vestidos de civil o incluso con uniformes militares. Por ello es que hablamos de desapariciones forzadas ya que todo indica que en esto han intervenido cuerpos policíacos cuyos mandos, son finalmente autoridades gubernamentales. Si esto no fuera así, las mismas autoridades deben aclararlo.
Resulta significativo que mientras los ajustes de cuentas y ejecuciones entre los declarados grupos del narcotráfico en pugna se manifiestan en sanguinarias mutilaciones, violentos asesinatos y escandalosas advertencias y amenazas al propio gobierno federal, los casos que reclamamos se realizan en silencio y sin mayores aspavientos, por lo que en principio rechazamos que estén necesariamente vinculados al narcotráfico y no aceptamos que se utilice el término de «levantados» que en sí mismo es inapropiado e incrimina dolosamente a nuestros familiares y amigos.

Mediante un seguimiento de las notas periodísticas publicadas en los diarios El Sur y La Jornada Guerrero entre los meses de abril del 2005 y marzo del 2011, hemos contabilizado 1643 víctimas del tipo de violencia que denunciamos, de los cuales 25 permanecen como víctimas de secuestro, 289 de desaparición forzada y 1290 han sido asesinados. En éste mismo lapso, estas notas de prensa dan cuenta de 39 personas liberadas o encontradas, pero de ningún caso resuelto por las autoridades. Conviene subrayar que estos datos solo indican la magnitud del problema de inseguridad pública y afectación de derechos humanos y no pretenden ser definitivos ni mucho menos confrontarse con las cifras que puedan ofrecer las autoridades y debemos aclarar que en estos números, no se incluyen aquellas personas que por la forma en que se les privó de la vida o su libertad, sea probable un acto de ajuste de cuentas o un enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada o narcotráfico.

Sin embargo ante esta realidad inocultable, el Estado Mexicano y como parte de él, el Gobierno del Estado de Guerrero, han tendido un manto de opacidad, reduciéndolo a “un
daño colateral” de su llamada guerra contra el narcotráfico, relacionando mañosamente todos los casos con los hechos derivados directamente de la confrontación entre los grupos de la delincuencia organizada y aprovechando la situación para justificar la criminalización de la lucha social.

En esta confusión, la impartición de justicia brilla por su ausencia, los casos se manejan discrecionalmente, no se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, los fiscales regionales y ministerios públicos actúan extrañamente, en algunos casos distorsionando los hechos, en otros atemorizando, intimidando y desalentando a los familiares de las víctimas, en otros más, instrumentando artimañas como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, desintegrando y ocultando expedientes, mientras que los agentes ministeriales y policías municipales, quienes por su labor conocen y están relacionados directamente con el medio donde se suceden los hechos, no llevan a cabo ningún tipo de investigación y más bien encubren los hechos, por lo que para nosotros, también ellos deben ser objeto de investigación, pues por comisión u omisión, podrían resultar sujetos de complicidad, por lo menos.

La llamada clase política: gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, dirigentes de partidos e incluso sus candidatos, deliberadamente hacen caso omiso de su responsabilidad ante esta situación, recurriendo al garlito de que este es un asunto federal y llegan a hacer declaraciones irresponsables como la del Gobernador de Guerrero: que en algún momento dijo que: “no podemos poner a un policía detrás de cada ciudadano”. La verdad es que no hay capacidad para diseñar políticas de seguridad pública y menos de garantizar los derechos humanos y de esto tampoco se rinde cuentas. Si esto no es así, la otra hipótesis es que hay vinculación y contubernio con la delincuencia organizada.

El hecho de no saber si un ser querido está vivo, donde se encuentra, el no saber qué hacer, a quien recurrir, donde dirigirse y sentirse tan desamparado afecta drásticamente a todos los que quedamos sin noticias. Vivimos cotidianamente con el tormento y la angustia de no saber con certeza lo que nos ha ocurrido, si van a regresar a terminar con nosotros. Es una tortura, como una enfermedad del alma porque la esperanza de volver a encontrar al ser querido nunca muere. El sufrimiento y la incesante búsqueda de información conducen con frecuencia a sumirnos en la marginación social con todas las consecuencias que la situación acarrea. Muchas de las familias que esperan un esclarecimiento de lo ocurrido, tienen necesidades de orden económico, jurídico y sicológico y tendrían que recibir por parte de las autoridades el apoyo que les corresponde como ciudadanos que sufren una contingencia social.

Los familiares de desaparecidos tenemos una herida abierta, la cual no se puede curar hasta saber el paradero del ser querido. Mientras ésta herida está abierta, el tejido social no se puede restablecer. La falta de justicia para las víctimas de desaparición forzada en nuestro país es total, incluso en Estados como Guerrero donde formalmente existe una Ley sobre Desaparición Forzada que restringe la autoría del delito a “servidores públicos”, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el apoyo, autorización o aquiescencia de
agentes del Estado lo cometen y por la otra, reduce el “agente del Estado” también denominado “servidor público”, que se circunscribe a los empleados del Poder Ejecutivo, lo cual presenta un obstáculo para asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores provenientes de cualesquiera de los poderes u órganos del Estado.

Generalmente las denuncias penales que se han presentado ante las autoridades judiciales por desaparición forzada son incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo puede cometer un particular. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta.
Hoy, al paso de cuatro años, por decisión propia y libre de sus familiares, nuestro Comité reclama la presentación con vida y castigo a los culpables de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva, Ludwig Hernández Cisneros, Rafael Ramírez Benítez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro, Rodrigo Camacho Rodríguez, Artemio Soroa Brito, Dionisio Rodríguez Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Jiménez, Inés Mendoza Salgado, Erick Isaac Molina García, Ma. Guadalupe Tolentino Pérez, Diana Edith Sotelo Ramírez, Odimando Espino Núñez, Roberto Crescencio Cruz, Roberta Naves Casarrubias, Sergio Ramírez Miranda, José Guadalupe Delgado Martínez, Pedro Benítez Vara, Jesús Bello Moreno, Victor Ayala Tapia y Oscar Gonzalez Muñiz. Reclama también la recuperación de Romeo González Castrejón, secuestrado desde mayo del 2008 y el esclarecimiento de los asesinatos de Roberto Arcos Catalán, Carlos Edmundo López Parra, Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos.

El miedo, la estigmatización, la denostación, la crítica fulminante, la indiferencia e incriminación del poder gubernamental, de los partidos políticos, sus dirigentes, sus diputados y representantes populares, el señalamiento de aquellos que no ven en nuestra gente el atributo de la lucha social, el linaje de la clase empresarial ni el poder de la clase política y que de manera irresponsable nos laceran con la acusación de que algo ilícito debieron hacer nuestros amigos y seres queridos para merecerse esto que está pasando, es también una forma de tortura que vivimos en nuestro Comité.

4.- ¿Porqué pasa esto?

Estamos claros de que el Estado de Guerrero ocupa los últimos lugares en cuanto a bienestar social y desarrollo económico, mientras que ocupa los primeros lugares en marginación, pobreza y analfabetismo, lo que determina una gran desigualdad económica, social y cultural, así como graves condiciones de exclusión de amplios sectores de la sociedad. Esta situación es resultado de un modelo económico que privilegia los intereses y el desarrollo del capital sobre la consecución y cumplimiento de los derechos humanos. Por ello decimos que la pobreza y la marginación en Guerrero constituyen la principal violación a los derechos humanos.

En la actualidad casi la mitad de los hogares guerrerenses tienen tan bajos ingresos que no pueden cubrir sus necesidades de alimentación; más de las ¾ partes de los hogares no pueden cubrir sus necesidades de vestido, calzado, vivienda y transporte. Guerrero es una entidad con muy alto grado de marginación, situación que se agudizó entre los años 2005 y 2010, en los que se pasa del segundo al primer lugar a nivel nacional en cuanto al grado de marginación por entidad federativa, superando a Chiapas y Oaxaca. Un 90% del territorio guerrerense se encuentra con problemas asociados con la pobreza.

De ahí nace la permanente lucha del pueblo guerrerense por alcanzar una vida digna. Atrás de las movilizaciones sociales que ahora se criminalizan, de la persecución de los luchadores sociales, de los presos y perseguidos políticos e incluso asesinados, se encuentra siempre una lucha y una legítima aspiración por el trabajo, la defensa de la tierra y los recursos naturales, la vivienda, la salud, la educación, los servicios públicos, el alimento, la seguridad social.

En Guerrero existen severos problemas de acceso a la justicia. La impunidad prevalece sin que el gobierno haya tomado medidas efectivas para sancionar a los responsables por las violaciones masivas de los derechos humanos de la década de los 70’s y 80’s y de las masacres de Aguas Blancas y El Charco ocurridas en los años 90,s. Los casos de los ciudadanos asesinados, desaparecidos y secuestrados en estos últimos años como resultado del incremento desmedido de la inseguridad y la violencia, también han quedado en la impunidad. No existen mecanismos reales de protección contra las desapariciones forzadas de personas ni existe un organismo capaz y confiable que sirva como medio para encontrar justicia, lo que ha generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad. La impunidad es el escudo de los agentes responsables de violaciones de los derechos humanos. La impunidad está claramente vinculada a la corrupción y unida a la discrecionalidad y las redes de relaciones con las que funcionan grupos de poder desde el ámbito oficial.

El gobierno de Zeferino Torreblanca optó por la represión como forma de gobernar. Canceló definitivamente el diálogo con los guerrerenses que luchamos por el respeto de los derechos humanos, sociales y políticos más elementales y ha criminalizado la lucha social persiguiendo a quienes defienden a través de sus demandas y acciones los derechos al trabajo, a la educación, la salud, a una vivienda digna y a un ambiente sano, lo que se refleja en la existencia de más de 250 órdenes de aprehensión contra dirigentes y promotores sociales y defensores de derechos humanos. Hay encarcelados por motivos políticos como son los casos del Profr. Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma recluídos en el Penal de Tecpan de Galeana, además de los casos de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas que aquí nos ocupan. La presencia militar en pueblos y ciudades de la entidad, en nada han resuelto el problema de la violencia generada por el narco y si ha completado un cuadro de intimidación y control social que atenta contra los derechos de los guerrerenses.

El Estado de Derecho se encuentra sumamente debilitado. La ley se aplica a discreción y en beneficio de grupos de poder; los procesos judiciales padecen de graves irregularidades; las víctimas carecen de recursos sencillos, adecuados y efectivos para remediar dichos abusos, favoreciendo la corrupción, el tráfico de influencias y la impericia de las autoridades, lo cual repercute directamente en el problema social de la inseguridad pública y la delincuencia. El derecho a la manifestación se ha convertido en Guerrero en un derecho vulnerado y es motivo de conflicto social y la exigencia a su respeto forma parte de la demanda social, especialmente por las reformas hechas al Código Penal a través de la llamada “Ley Dimayuga” que penalizan la protesta social y que justifica la existencia de una gran cantidad de órdenes de aprehensión contra líderes sociales.

El derecho de petición también se ha debilitado dado que los espacios de interlocución del gobierno con la sociedad civil se encuentran prácticamente cerrados por la negativa del gobierno a dialogar con las organizaciones sociales. La participación ciudadana se obstaculiza y la falta de transparencia en el manejo de la información pública gubernamental encubre la corrupción y limita el derecho a “saber”, necesario para la acción ciudadana en materia de contraloría social.

El derecho a la libertad de expresión no se encuentra garantizado y se ejerce con un alto grado de vulnerabilidad que no permite las condiciones para su ejercicio a nivel individual y colectivo. El derecho a informar y a disentir de la autoridad desde el ejercicio periodístico, se combate desde el mismo gobierno del estado mediante el “estrangulamiento económico” a medios y la demanda penal contra periodistas. La impunidad frente a los asesinatos y desaparición de periodistas alienta las agresiones contra éstos.

Los derechos de los grupos vulnerables se mantienen rezagados y su atención en ocasiones se confunde con la entrega de paliativos y acciones asistencialistas. Los derechos de las mujeres, de la infancia, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas, de las personas con capacidades diferentes, de los grupos lésbico gays, así como los derechos de los migrantes y los refugiadas, siguen necesitando los mecanismo adecuados que garanticen su integración y reconocimiento pleno.

La situación de violencia e inseguridad que vive la entidad es entonces resultado de la política gubernamental que protege los intereses de los poderosos, entre ellos los de los narcotraficantes; la falta de políticas públicas coherentes y efectivas en esta materia no es resultado solo de la ineficacia e incapacidad de los órganos gubernamentales, sino de que la misma delincuencia está siendo organizada desde el Estado, por eso reafirmamos que los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y Felipe Calderón Hinojosa son finalmente responsables de toda ésta situación por acción, omisión o contubernio. Ante esto exigimos al Estado Mexicano haga de los derechos humanos los objetivos del desarrollo nacional y que atienda con medidas estructurales, eficaces y comprometidas con el pueblo de México, la raíz del grave problema de criminalidad e inseguridad que vive nuestro Estado y el país.

Manifestamos que nuestra lucha ante éste clima de violencia y de terror, no es contra la llamada delincuencia organizada, pues para ello está el Estado, sino contra la política gubernamental que en tal caso la ha creado, la protege y la utiliza para amedrentar a la población y alentar la militarización creando un Estado de Excepción suspendiendo de facto las garantías constitucionales y violando los derechos humanos de los habitantes de pueblos y comunidades guerrerenses, a beneficio del gran capital, sobre todo de origen trasnacional.

5.- ¿Qué ha hecho nuestro Comité?

Después de constituirnos como «Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero» el 28 de mayo del 2007, hemos realizado una intensa actividad por llamar la atención de las autoridades para que atiendan nuestras demandas de justicia y de la sociedad para que se sensibilice y se solidarice con nosotros, además de que asuma medidas preventivas de protección, seguridad y defensa de sus derechos.
Anualmente realizamos las “Jornadas por la Vida, la Libertad, la Justicia y los Derechos Ciudadanos” que abarcan del mes de marzo al mes de diciembre, reiterando mediante diversas actividades la demanda de atención y justicia. Hemos realizado una gran cantidad de eventos de denuncia, actos religiosos, hemos repartido miles de volantes, centenas de carteles, hemos tocado puertas, acudido a decenas de reuniones, solicitado apoyo, comprensión. Pero el acceso a funcionarios gubernamentales y en especial al gobernador del Estado para plantearles nuestras exigencias ha sido prácticamente imposible.

En marzo del 2008, logramos una áspera reunión con el Procurador de Justicia del Estado que solo sirvió para realizar encuentros infructuosos con los llamados “fiscales para delitos graves” donde descubrimos con rabia e impotencia que no se estaba haciendo nada por esclarecer los hechos que reclamamos.

Aunque durante estos años hemos carecido de una asesoría jurídica comprometida, solidaria y profesional, lo que nos ha impedido avanzar adecuadamente en el aspecto jurídico de los casos, descubrimos diferentes anomalías, principalmente en lo que se refiere a la integración de las actas ministeriales pues en algunos casos no se integraron como tales sino como simples actas administrativas, también descubrimos que no todas las declaraciones se habían asentado correctamente y que por lo tanto no se estaban siguiendo las líneas de investigación que interesaban a algunas familias pues los agentes del ministerio público, solo se limitaron a tomar la declaración de los denunciantes de la manera en que mejor les convino, para no tocar los intereses de los grupos de poder político y económico que sabemos están detrás de estos hechos.

En diciembre del año 2009 solicitamos una audiencia al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en base a nuestros derechos ciudadanos afectados, establecimos como plazo la fecha de su 5º informe de gobierno, pero nada. Después propusimos al Procurador un Plan de Búsqueda con nuestra coadyuvancia y fue rechazada. Nuestra propuesta quedó en el cajón de la arrogancia e indiferencia y con ello la oportunidad de dar una respuesta institucional a la esperanza de las familias de nuestro Comité.
Ahora, casi al término del sexenio del actual Gobierno Estatal, hemos debido enfrentar una acción más de represión, a través del gobierno municipal de Chilpancingo que desalojo con lujo de violencia y después de una campaña de criminalización, nuestro Módulo de Información, Cultura y Denuncia, herramienta que teníamos para la difusión y sostenimiento de nuestra lucha, violando nuestros derechos de reunión, manifestación, expresión, información, cultura y a la ciudad y despojándonos de una herramienta de vinculación con la sociedad.

Sabemos sin embargo que esta lucha no es fácil. Nos anima que a más de treinta años, Rosendo Radilla siga en nuestra memoria y que no se diluya la posibilidad de hacerle justicia, nos anima la reactivación de la Comisión de Intermediación que coadyuva a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario y la reciente intervención de organismos defensores de derechos humanos que se habían mantenido al margen de éstos casos y que recientemente se han incorporado a la denuncia de desapariciones forzadas de ciudadanos guerrerenses, así como la entrada en vigor de la Convención Internacional contra la desaparición Forzada y esta visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre este mismo tema. Nos anima que a pesar de la indiferencia, la criminalización y la impunidad con que nos responde el Estado, el pueblo y sus organizaciones cada vez nos reconocen y respaldan con mayor decisión.

6.- ¿Cuáles son nuestras demandas al Estado Mexicano?

6.1.- Exigimos que se cree una instancia especializada con capacidad técnica, operativa y probada probidad para instrumentar un Plan de Búsqueda concertado con los familiares, que se reabran los expedientes y se realicen verdaderas investigaciones de los crímenes denunciados por nuestro Comité y por otros organismos y familiares sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura en Guerrero y en el país; demandamos la ubicación del paradero y presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, así como juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de éstos delitos de lesa humanidad.

6.2.- Que se respete, facilite y apoye la coadyuvancia de los familiares de víctimas de la violencia social en las investigaciones, ya sea de manera individual o colectiva.

6.3.- Que se establezca un banco de ADN de los familiares de las víctimas y se realicen estudios científicos de las personas localizadas o en su caso de los restos humanos encontrados para cotejarlos de manera responsable cuando sea necesario, aunque insistimos en que nuestros familiares pueden estar vivos.

6.4.- Que se atiendan las necesidades de orden jurídico, económico, sicológico y de atención a la salud de los familiares directos de las víctimas de la violencia social aquí descrita y se les brinde por parte de las autoridades el apoyo que les corresponde como ciudadanos que sufren una contingencia social.

6.5.- Que en tanto no sean resueltos los casos aquí denunciados, sea restituido en el mismo lugar de donde fue desalojado nuestro Módulo de Información, Cultura y Denuncia, que se respete la forma de lucha establecida por el Comité de Familiares para el ejercicio de sus derechos de asociación, reunión, expresión, manifestación, información, cultura y a la ciudad y nos sean restituidos los materiales sustraídos.

7.- Solicitudes de intervención del Grupo de Trabajo ante las autoridades del Gobierno Mexicano:

Además de lo anterior y considerando la relación que existe con el tema que nos ocupa, solicitamos su intervención en los asuntos siguientes:

7.1.- Que el Estado Mexicano armonice la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que respete y aplique los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y considerar comunicaciones individuales.

7.2.- Que la aplicación del Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas tenga carácter retroactivo a la fecha de su entrada en vigor de fecha 23 de diciembre del 2010, para que sea aplicable a los casos que reclamamos y que se establezcan procedimientos e instancias internas que permitan que la norma internacional sea efectiva, para que realmente sean útiles a las personas que enfrentan casos de desapariciones forzadas.

7.3.- En tanto que esta ha sido una de las causas de las desapariciones que aquí denunciamos, se hace necesaria la desmilitarización de la entidad, especialmente de las zonas indígenas y de las comunidades serranas, y sobre todo, que se dé marcha atrás en los intentos de generalizarla a toda la entidad con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, pues el pueblo guerrerense es ajeno a las luchas intestinas de los grupos de poder económico y político en la entidad y en el país, como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

7.4.- En relación a lo anterior, es necesario que se esclarezcan los motivos de las incursiones militares en las comunidades de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán y Las Palancas, municipio de Petatlán entre 2009 y 2010, que entre otras cosas dio como resultado el asesinato por parte de sicarios vinculados al ejército de los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos. De igual manera, se aclaren los casos del campesino Javier Torres Cruz, de la comunidad de La Morena, que fue arbitrariamente detenido, desaparecido en un retén militar y torturado por civiles en diciembre de 2008, de quienes finalmente escapó, hecho del que se han derivado el asesinato de su tío Adolfo Torres Rojas y el encarcelamiento de su abuelo Anselmo Torres Quiróz por parte de militares.

7.5.- En tanto que la desaparición forzada o involuntaria de personas forma parte de un contexto más amplio de violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad y como medidas preventivas para evitar tal delito, se hace necesario:

7.5.1.- El desistimiento de todas las ordenes de aprehensión contra defensores de derechos humanos, dirigentes y promotores sociales, que en ocasiones es la antesala de una desaparición forzada o involuntaria.

7.5.2.- El esclarecimiento y castigo a los culpables de los asesinatos extrajudiciales que en otras ocasiones son el corolario de una desaparición forzada o involuntaria, como son los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

7.5.3- El establecimiento de mecanismos emergentes de justicia para la liberación de luchadores sociales injustamente presos y que en algunos casos fueron previamente desaparecidos, como sería en los casos del Profesor. Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lezma y el desistimiento del proceso contra los integrantes del Colectivo de la radio Ñomda

7.5.4.- El respeto a la consulta y a las decisiones de los pueblos y comunidades que luchan por la defensa de sus territorios y recursos naturales.

7.5.5.- Poner un alto a la criminalización de la lucha social y garantizar el respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas.

7.5.6.- Que el Estado atienda las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre la restricción del fuero militar.

7.5.7.- La presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia.

7.5.8.- Que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a favor de las víctimas y sus familiares, el derecho a la verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado.

7.5.9.- Que el Estado atienda las recomendaciones del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores, en el año 2006.

8.- Señores integrantes del Grupo de Trabajo:
A la luz del derecho humanitario internacional que considera la obligación del Estado a asistir a los familiares de los desaparecidos en su localización, el derecho a saber se hace urgente y necesario en nuestro país. Es indispensable que los familiares de las víctimas de la desaparición y la sociedad en su conjunto, conozcamos de los hechos, el destino de las víctimas y en su caso donde se encuentran sus restos. Es un derecho de carácter colectivo que permitiría a nuestra sociedad tener acceso a información esencial para abrir espacios verdaderamente democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas.

Para poder reconstruir los sueños y reivindicaciones que dieron sentido a la vida de las víctimas y lograr que estas injurias a la dignidad humana no vuelvan a repetirse, es preciso recuperar la verdad y vencer al olvido y el miedo. En este sentido, la intervención y el compromiso de ustedes para que se rescate de la verdad es una tarea fundamental que permitirá romper con la memoria oficial, caracterizada por el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios, propiciando el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población, motivando la recuperación de la confianza y superando el miedo, por no decir terror.

Ni las estadísticas oficiales, ni los expedientes de “justicia”, ni las publicaciones de los medios masivos nos pueden dar cuenta de esta verdad, sino únicamente la versión de las víctimas, sus familiares y amigos. Uno de nuestros desafíos más grandes es el de recuperar la voz de las víctimas; solo siendo atentos a su voz, dándoles valor para vencer el miedo, sanar sus heridas y revivir sus luchas, se podrá sacar a la luz la verdad, verdad caracterizada por razones de tipo social, económico y político que desencadenan en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.

El desconocimiento de la verdad conlleva a que el Estado imponga una ley de “perdón y olvido”, bajo la cual se hace a un lado la memoria histórica, se desconoce la verdad de las víctimas y se incrementa la impunidad, lo cual se evidencia en los beneficios suministrados por el Estado a los victimarios, quienes lejos de responder por sus crímenes se ven cobijados con el olvido y la distorsión de la memoria. Este tipo de medidas se caracteriza por su superficialidad, la falta de compromiso político y el incremento notable de la impunidad, que esperamos que ustedes perciban y contribuyan a evitarlo y revertirlo.

El derecho a la verdad es parte del derecho a la justicia que tienen las víctimas de este tipo de crímenes. El derecho a la verdad implica que el Estado tiene como obligaciones:

a).Investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente;
b) Procesar y castigar a los responsables;
c) Reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados y
d) Extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa que han cometido, ordenado o tolerado estos abusos.

Y esto es parte de lo que esperamos de la labor de ustedes en nuestro país.
Conviene reafirmar que el derecho a la verdad forma parte integral del derecho a la justicia, por lo que no puede haber justicia sin saber el ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y, ¿Quién? de la violación o crimen. El derecho a la verdad, en el contexto de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en nuestro estado y en el país, conlleva también al derecho al duelo, es decir, el derecho de los familiares a enterrar a sus muertos y de cerrar un capítulo en sus vidas. Este derecho es difícil de asumir, pero también lo reclamamos no solo como familiares de las personas desaparecidas, sino como parte de la sociedad, por lo que exigimos respeto a nuestro derecho a pedir cuentas y a recibir información sobre el paradero de nuestros familiares, o en caso de su muerte, el derecho a conocer las circunstancias y las causas de la misma.

En éste sentido, el derecho a saber es también un derecho colectivo que tienen hondas raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, es decir, estos delitos de lesa humanidad.

Mientras haya desapariciones forzadas, no habrá democracia, ni justicia ni verdad. Por ello decimos que los desaparecidos nos hacen falta a todos. Por ello también esperamos que su paso por México y Guerrero, aporte a hacer posible este derecho a la verdad.

Acapulco, Guerrero, 27 de marzo del 2011


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