Desaparición forzada, una tragedia nacional

Samuel Ruiz García / El Universal
Domingo 5 de septiembre de 2010
por  Hasta encontrarlos
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Las desapariciones forzadas laceran el espíritu libre de una sociedad. En México este fenómeno tiene antecedentes en los años setenta, época en la que los movimientos revolucionarios tuvieron una fuerte presencia social. Familiares y amigos de la gente que “desapareció” en esos años aún desconocen su paradero y hoy siguen reclamando claridad sobre los hechos y los responsables. El caso de Rosendo Radilla es ejemplo de la búsqueda y dolor, su desaparición data de 1974, actualmente, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una esperanza para la justicia. Sabemos que las desapariciones forzadas han dejado una gran herida social en términos de justicia transicional, la cual merecemos para poder aspirar a la construcción de una sociedad democrática.

En los últimos años, a pesar del esfuerzo para erradicar este tipo de delitos en nuestro país la práctica continúa, actualmente van desde la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico hasta la delincuencia común donde se tienen reportes de desapariciones.

Los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son ejemplo de lo mucho que falta por superar. Desde abril de 2008 circuló el primer comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), el cual propuso crear una comisión de intermediación ante el gobierno federal, para dialogar sobre la presentación con vida de los dos militantes de esa organización, desaparecidos en mayo de 2007. Así solicitó como intermediarios a su servidor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas, al escritor Carlos Montemayor, que en paz descanse, y al Frente Nacional Contra la Represión, quienes aceptamos formar parte de la Comisión Mediadora (Comed). Ello con carácter puntual en cuanto a la liberación de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, con la claridad de que el PDPR-EPR no realizaría acciones armadas mientras durara la intermediación y el gobierno federal fijara su postura frente a la iniciativa.

Han pasado más de dos años de acompañar el proceso y de buscar respuestas sobre los hechos. El pasado 26 de agosto, el PDPR-EPR pidió a la Comed informar sobre los avances que ha tenido en torno a la tarea solicitada, por ello compartimos lo realizado en la etapa reciente.

La COMED valoró que no obstante no existir condiciones necesarias para restablecer la mesa de diálogo, se desplegarían diversos esfuerzos de acercamiento que permitieran superar la problemática de formato y poder conocer avances de la investigación con diversas instancias gubernamentales. Para ello se han realizado consultas informales con la Secretaría de Gobernación; reconocemos que hasta el momento las respuestas no han aportado datos que sirvan para esclarecer: circunstancias, y responsables; así como el paradero de los desaparecidos.

Por ello la Comed no ha restablecido la mesa formal de Diálogo del pleno con la representación del gobierno federal.

Hemos acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar información sobre el cumplimiento de la recomendación 07/2009, ya que recoge elementos importantes que acreditan la desaparición forzada de persona de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, tal como lo establecen tratados internacionales en la materia ratificados por México.

A lo largo de estos meses en los que nos reconstituimos como Comed incorporamos nuevos integrantes: Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano. Hemos dado acompañamiento a diversas actividades e iniciativas de los familiares, con el fin de visibilizar la existencia de este crimen de lesa humanidad, estando convencidos de que en México no debe repetirse nunca más esta práctica. Para nuestra sorpresa y dolor hemos constatado, en foros, charlas y encuentros, que en el país se practica de manera sistemática este abominable crimen tanto por cuestiones de carácter político como dentro del contexto de la así llamada “guerra contra el crimen organizado”.

La Comisión de Mediación reconoce que enfrenta condiciones difíciles para lograr los objetivos planteados, hemos tenido que actuar en un contexto político adverso, ya que para el gobierno federal no es tema prioritario. Reconocemos que los casos de desaparición forzada en México son parte de problemas estructurales vinculados al acceso a la justicia y en muchos casos al abuso de poder. Sin embargo, estamos comprometidos a seguir impulsando acciones por Edmundo y Alberto que permita darnos esperanza a aquellos y aquellas que consideramos que la paz es un bien fundamental para la sociedad mexicana.

Obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y miembro de la Comisión de Mediación.



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