El gobierno no sabe cuántas denuncias hay contra funcionarios por desapariciones forzadas

Miércoles 15 de enero de 2014
por  Hasta encontrarlos
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Para el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, el gobierno federal no tiene claridad sobre cuántas denuncias han sido presentadas contra funcionarios públicos que podrían ser responsables de desaparición forzada de personas.

El 27 de mayo pasado, la PGR presentó una inconclusa unidad especial que investigaría los casos de desaparecidos, con la pretensión  de terminar con “el laberinto burocrático” al que se enfrentan los familiares de las víctimas.

Cabe señalar, que esta unidad donde serían concentrados los casos de desaparecidos, dependería de la reestructuración que se estaba llevando al interior de la PGR.

En una de sus entrevistas, el ex legislador panista refirió que además de los casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), están los documentados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, integrados en los informes presentados este año.

“Seguramente hay más de 30 (de la CNDH), algunas han estado señaladas por HRW o AI,  pero al margen de esos reportes e informes habrá que concentrar las averiguaciones previas en una sola entidad. Hoy por hoy se ven en distintas subprocuradurías y su cuantificación es difícil, yo mismo no la tengo”, reconocería García Cervantes.

Las declaraciones del subprocurador respondieron  a los comentarios que hiciera –en su momento-  el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el sentido de que hay prueba de que 30 personas fueron desaparecidas por funcionarios y no han sido llevados a la justicia.

Sobre los 2 mil 443 casos señalados por la CNDH, donde se presume participación de elementos del Estado, García Cervantes señalaría que la PGR no habría  recibido denuncia alguna, solo de los 30 casos comprobados y concentrados en 12 recomendaciones.

Este asunto, lo concluiría García Cervantes,  diciendo  que la concertación de los casos se vuelve compleja,  ya que 200 expedientes militares fueron trasladados de la justicia castrense a la PGR y muchos de ellos serían de desaparición forzada.

AI ve escalofriante la cifra de 27 mil desapariciones

Para  Amnistía Internacional (AI) la cifra preliminar de 27 mil casos de posibles desaparecidos en México, es escalofriante ese número de personas que  han sido sustraídas de sus familias o cuyo paradero es desconocido.

Aunque AI ha considerado positivo las declaraciones de funcionarios de la Segob, en el sentido de que se dará a conocer una base de datos completa de personas desaparecidas en el país, ha manifestado que es inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes.

“Es de recordar que hasta el momento no se ha indicado cuántos podrían ser los casos de desaparición forzada, es decir,  desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos”, agregaría el organismo internacional.

En sus informes AI ha señalado  que es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública la información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración.

En este sentido, ha conminado  a las autoridades a especificar las medidas que tomará,  para que la base de datos,  sea un mecanismo eficaz  para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

También ha considerado esencial, que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia. La autoridad, apunta AI, debe garantizar que estas organizaciones puedan participar en el proceso de  identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.

“Durante los últimos seis años los familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho que va a actuar, pero esto deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”, estos señalamientos son constantes por AI.



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