Desapariciones en Jalisco

Miércoles 26 de junio de 2013
por  Hasta encontrarlos
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25 Junio, 2013 - 19:30

Debemos a los familiares de los perseguidos políticos durante la guerra sucia de la década de 1970 las denuncias sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Como ha quedado acreditado fehacientemente tanto en documentos oficiales, en denuncias de militantes, en reportes de organismos independientes derechos humanos, en la literatura y en trabajos de investigación social, el Estado mexicano usó las desapariciones forzadas como una estrategia de represión para contener a miles de mexicanos que pensaban diferente, que se inconformaron por un orden social que consideraban injusto y que querían cambiarlo.

La respuesta del Estado mexicano fue la represión sistemática, organizando unidades especiales de contrainsurgencia, la infiltración de movimientos y organizaciones, las amenazas, la persecución, el asesinato y muerte de miles de activistas, familiares y personas que buscaban otro horizonte político para el país. Aunque la desaparición forzada de personas no nació en esa época, sí se convirtió en política de gobierno.

Los familiares de las víctimas empezaron a organizarse. En Jalisco nació uno de los primeros comités de familiares de presos y desaparecidos políticos del país, encabezado por don Luciano Rentería.

La conformación de comités de otras partes del país dio paso al nacimiento del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), instancia que, antes de que el discurso de los derechos humanos se pusiera de moda, logró defender a los perseguidos políticos, hacer las primeras listas de desaparecidos del país y denunciar con valentía al Estado mexicano y a sus fuerzas de seguridad por permitir estas prácticas atroces. Por estas actividades, la entonces dirigente del FNCR, Rosario Ibarra de Piedra, fue postulado por organismos latinoamericano al Premio Nobel de la Paz.

Gracias a los familiares agrupados en el FNCR, se sabe hace más de 30 años que la desaparición forzada de personas es una de la prácticas más atroces de intimidación en contra de una persona y su entorno. Es doloroso escuchar el reconocimiento de familiares que dicen preferir al familiar muerto, antes que desaparecido, aunque el lema del FNCR fue siempre “Vivos los llevaron, vivos los queremos”.

A un muerto se le llora, se le hace duelo, se sabe donde están sus restos para un futuro consuelo. Con una desaparición, el dolor se recrea en cada día. No hay consuelo que alcance; existe la incertidumbre de si vive o no; la angustia de imaginarse cómo llegó la muerte; el dolor de no saber dónde podría estar enterrado el cuerpo; la esperanza infinita de que un día podría regresar el ser querido.

Todo esto nos enseñaron los familiares de los desaparecidos políticos de la década de los setentas y ochentas.

Lamentablemente ahora las desapariciones no solo continúan, sino que se han potenciado. En el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron más de 25,000 personas en México, de ellas 2,230 personas en Jalisco, en el contexto de la absurda guerra en contra del crimen organizado.

Pero en Jalisco hay en esta momento una alerta por los casos recientes de cinco menores de edad desaparecidos entre el 21 y 22 de junio de este año (una menor de 19 meses en Guadalajara, dos adolescentes de quince años en Zapopan, y dos chicas de trece años en el municipio de Zapotlanejo). La desaparición de los tres primeros menores activó la alerta Amber en Jalisco. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no ha sido satisfactoria ni para las familias ni para muchos ciudadanos que incluso han hecho llamados a manifestarse este fin de semana dejando de asistir a centros comerciales, debido a que fue en uno de ellos donde desaparecieron los dos adolescentes de quince años.

Ya sea por razones políticas, o por las desapariciones aparentemente sin sentido de una bebé o de adolescentes, el dolor de los familiares ante casos como estos es tremendo.

El Estado mexicano incrementó y profesionalizó esta práctica hace más de 30 años; ahora que los actuales gobiernos se reclaman electos democráticamente deberían reforzar sus medidas para que las desapariciones no sigan ocurriendo en el país. No se está haciendo lo suficiente, como revelan los casos permanentes de desaparición de personas. Poner un límite y un fin a estos hechos debería ser una prioridad, en Jalisco y en el país.



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